Sosoriqui
El análisis político por:
Carlos Rochín Mercado
La política, cuando se ejerce con la altura de miras que los tiempos actuales exigen, suele enfrentarse a tempestades diseñadas en laboratorios de intereses ajenos.
Lo que hoy ocurre en Sinaloa tras los señalamientos provenientes de Estados Unidos contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, exige algo más que reacción inmediata: exige claridad, cabeza fría y defensa del Estado mexicano.
Porque aquí no se trata únicamente de nombres, sino de principios, de legalidad, soberanía y respeto entre naciones.
El gobernador Rubén Rocha fue claro y directo, sin rodeos ni titubeos aseguró que: seguirá desempeñando su trabajo. Lo anterior, en sus primeras respuestas a medios después de la embestida sobre su persona donde no hay evasivas ni ambigüedades. Su postura es institucional, no reactiva. Frente a señalamientos externos y no de las leyes que rigen a nuestro país, responde con lo que corresponde: continuidad en el ejercicio del poder legítimamente conferido por el pueblo.
En esa misma línea, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, rechazó categóricamente las acusaciones, subrayando que se trata de afirmaciones sin sustento. Cabe señalar que, en su declaración pública hay un solo matiz: rechazo total.
Por su parte, Enrique Inzunza Cazarez senador de la República, también fijó postura en la red social X: negación firme y defensa del actuar dentro del marco legal. Tres voces, una misma línea, donde no hay elementos que sostengan las imputaciones.
Pero más allá de las declaraciones individuales, hay un fenómeno político que no puede ignorarse, la reacción social en Sinaloa. Sectores amplios de la ciudadanía han comenzado a expresar respaldo, no como acto de militancia, sino como rechazo a lo que perciben como una calumnia de origen externo, amplificada por actores internos claramente identificados con los opositores a la nueva realidad que ahora impera en el país, partidos políticos y actores de oposición a la Cuarta Transformación.
Adentrándonos más a profundidad en el tema; aquí podemos evidenciar un punto delicado y de fondo: con respecto al caso Chihuhua, existe una presunta intervención de autoridades estadounidenses en territorio mexicano. Si se confirma que hubo acciones operativas sin la debida coordinación institucional con el Estado mexicano, estaríamos frente a una violación grave a la soberanía nacional. Entonces, no podemos analizar el ataque a Sinaloa de forma aislada, mientras se lanzan dardos jurídicos desde el norte. Esto, cada mexicano al igual que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sabemos que no es un tema menor.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sostenido, de manera consistente en estos casos, que cualquier acción de autoridades extranjeras en territorio nacional debe sujetarse a los mecanismos de cooperación bilateral existentes. Fuera de ese marco, simplemente no es aceptable.
En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) ya fijó postura sobre el caso Sinaloa y señala que la solicitud de EE. UU. carece de pruebas y viola protocolos de confidencialidad internacionales, así como también sostiene que, mantiene la responsabilidad constitucional de investigar cualquier hecho que tenga implicaciones legales dentro del país. Es decir: si hay algo que investigar, corresponde a México hacerlo, no a actores externos.
Sin duda que este momento obliga a elevar el nivel del debate. No se trata de cerrar filas ciegamente, sino de defender principios básicos como serían:
Presunción de inocencia: ningún funcionario puede ser condenado mediáticamente por dichos sin sustento probatorio público.
Respeto a la soberanía: toda acción extranjera debe sujetarse al derecho internacional y a los acuerdos bilaterales.
Fortalecimiento institucional: que sea la FGR, y no narrativas externas, quien determine responsabilidades.
Responsabilidad política interna: la oposición tiene derecho a cuestionar, pero no a amplificar versiones sin verificación como estrategia política, en virtud de que, Sinaloa no necesita ruido, necesita certidumbre.
Lo que hoy se presenta como escándalo puede ser, en realidad, una prueba de madurez institucional no solo de Sinaloa, sino para todo México. Rubén Rocha, Juan de Dios Gámez y Enrique Inzunza han optado por una ruta clara: negar los señalamientos y sostener su responsabilidad pública ante las instancias que verdaderamente corresponden.
Mientras tanto, la sociedad sinaloense empieza a trazar su propia línea, respaldo frente a lo que considera una acusación sin fundamento.
Porque en la política, como en ciencia, la carga de la prueba no recae en quien niega, sino en quien acusa.
Y hasta ahora, según la versión oficial de la SRE lo que hay, son dichos. No evidencias.
Y, por supuesto; señalamos con dedo de fuego que Sinaloa —como cualquier entidad de un país soberano— no puede ni debe someterse a insinuaciones.
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